Identidad Digital

 

Por: José Inostroza L., Jefe de la División Gobierno Digital.

Probar que alguien es quién dice ser es un desafío persistente y creciente para empresas y gobiernos. Redes sociales, bancos, proveedores de atención médica y el gobierno constantemente nos piden autenticarnos para acceder a información, beneficios o realizar algún trámite o transacción. La identidad digital y la arquitectura de confianza es un mercado en expansión. Según McKinsey & Company, las empresas que trabajan en ello duplicaron su inversión en tres años, alcanzando los 34 mil millones de dólares al año 2021. En Chile una de las principales aplicaciones de identidad digital es la ClaveÚnica, la cual cuenta con más de 14,7 millones de usuarios a la fecha, cerca del 90% de la ciudadanía mayor a 14 años. Tan solo durante el 2022 se realizaron más de 481 millones de autenticaciones que permiten acceder a 1.795 trámites del Estado.

Si bien la pandemia por COVID-19 aceleró la adopción digital en todo el mundo, las cifras logradas por Chile son particularmente exitosas. De hecho, países más desarrollados y con mayor población tienen coberturas relativamente menores, como es el caso de Australia que a principios del 2021 solo tenía un 11% en su sistema nacional de identidad digital y el caso de UK que al 2022 había acumulado solo 10 millones de cuentas de usuarios. La Comisión Europea propone como meta recién para el año 2030 un 80% de ciudadanos con identidad digital. Esto muestra nuestras fortalezas, pero tenemos desafíos en otras dimensiones.

Toda tecnología requiere de normativas que resguarden la ética y seguridad en su aplicación. La Unión Europea ha declarado que Europa debe consolidar su soberanía digital y establecer sus propias normas, en lugar de seguir las de otros. En buena medida en el campo de la Transformación Digital existe una carrera por la regulación. Este fue uno de los temas que abordamos en un reciente encuentro de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea para una Europa adaptada a la era Digital, Margrethe Vestager, con la ministra SEGPRES, Ana Lya Uriarte ¿Cuál va a ser la referencia para Chile?

Contar con sistemas de identidad digital que sean accesibles, confiables, seguros, e interoperables puede facilitar el cumplimiento tributario, la entrega de beneficios por parte del gobierno, habilitar servicios financieros, ahorrar recursos, acceder a servicios de salud y a registros médicos en línea, incluso reconocer la identidad fuera del propio territorio. En definitiva tiene que ver con los desafíos del  desarrollo y es algo que excede a lo exclusivamente estatal o exclusivamente privado. Estonia y Dinamarca, entre otros, son dos países que han sido exitosos en la armonización de las necesidades del Estado y del mercado de un modo integrado. Pero para ello se requiere de una Gobernanza fuerte que sea capaz de abarcar a distintos sectores del país, que promueva la privacidad y protección de datos personales, que ejerza soberanía digital y resguarde los derechos de sus ciudadanos.

Por estos motivos, Chile debe fortalecer su institucionalidad, actualizar su normativa, robustecer la seguridad de identidad digital y, al mismo tiempo, explorar nuevas aplicaciones de la misma en la prestación de servicios públicos y privados con el fin de aumentar su usabilidad y valor público. Son desafíos de gran complejidad y envergadura debido al gran volumen de transacciones y la responsabilidad jurídica involucrada. Lo esencial es avanzar hacia esa confianza donde radicará la tranquilidad de la ciudadanía, las instituciones públicas y las empresas, más aún en un escenario donde se levantan distintas voces sobre el creciente riesgo de lo digital.